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Hasta finales de 2015 las sociedades civiles tributaban en régimen de atribución de rentas: cada uno de los socios estaba obligado a declarar en su declaración sobre las Renta de las Personas Fí­sicas la parte proporcional del beneficio obtenido por la sociedad en función de su participación en ella.

A partir de 1 de enero de 2016 se incorporan unos nuevos contribuyentes al Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles con objeto mercantil. Una comunidad de bienes se constituye cuando la propiedad de algo pertenece pro indiviso a varias personas, pero si se utiliza esta forma jurídica para poner en común dinero, bienes o industria con el ánimo de partir entre sí las ganancias.

La inclusión de las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil como contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades trae causa en la necesidad de homogeneizar la tributación de todas las figuras jurídicas, cualquiera que sea la forma societaria elegida.

Se considera que la sociedad civil tiene personalidad jurídica siempre que los pactos entre sus socios no sean secretos. La sociedad civil requiere una voluntad de sus socios de actuar frente a terceros como una entidad y resulta necesario que los pactos no sean secretos. Trasladando lo anterior al ámbito tributario, cabe concluir que, para considerarse contribuyente del Impuesto sobre Sociedades, es necesario que la sociedad civil se haya manifestado como tal frente a la Administración tributaria.

En este contexto y ante la polémica de la tributación de las comunidades de bienes, entre cuales algunas son profesionales, patrimoniales o con actividades agrícolas la Dirección General de Tributos emitió en el año 2015 varias consultas vinculantes que generaban una doctrina uniforme en relación con las sociedades civiles y comunidades de bienes y su tributación por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aun así, algunas de las aclaraciones son contradictorias.

Según la opinión de la D.G.T. en la consulta V2377/2015, de 28 de julio, (la entidad consultante es una sociedad civil particular profesional, que desarrolla la actividad profesional prevista en el epígrafe 731 de la sección segunda de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas), puesto que las actividades profesionales están excluidas del ámbito mercantil, la entidad consultante no tendrá la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7.1.a) de la LIS. Consecuentemente, seguirá tributando como entidad en atribución de rentas conforme al régimen especial regulado en la Sección 2ª del Título X de la LIRPF.

Sin embargo, según las Consultas Vinculantes de la D.G.T. V 3547 – 15 , de 17 de noviembre de 2015 y V 3968 – 15 , de 14 de diciembre de 2015 en relación con la tributación de una sociedad civil con actividades de asesoría administrativa, contable, fiscal y laboral, no resultándole de aplicación la Ley 2/2007 de sociedades profesionales, se estipula que la entidad es una sociedad civil que goza de personalidad jurídica a efectos del Impuesto sobre Sociedades, puesto que se constituyó mediante documento privado que debió presentar ante la Administración tributaria para la obtención de número de identificación fiscal. Adicionalmente, la entidad desarrolla una actividad de asesoría administrativa, contable, fiscal y laboral, no resultándole de aplicación la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, por lo que su actividad no se encuentra excluida del ámbito mercantil.

Por lo tanto, la entidad, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016, tendrá la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades, por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7.1.a) de la LIS.

Adicionalmente, referente a las obligaciones contables y fiscales, las sociedades civiles tendrán unas obligaciones fiscales y contables similares a las de una sociedad mercantil (llevar la contabilidad según las normas del Código de Comercio, presentación de Cuentas Anuales, liquidación del Impuesto sobre Sociedades).

Otra de las desventajas es que independientemente de los cambios introducidos, los socios de las sociedades civiles seguirán teniendo el régimen de responsabilidad solidaria e ilimitada respecto a las deudas sociales.

Como resultado de los cambios que llevaron al aumento de las obligaciones contables y tributarias manteniendo y se sumaron a las desventajas que presentaban las sociedades civiles, una gran parte de sus propietarios optaron por su disolución en 2016.

Galya Ivanova Dusheva
Ivanova Tax and Law, S.L.
gdusheva@economistas.org

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